Sacerdotes salvadoreños piden a Bukele que vete ley que habilita minería metálica
Un grupo de sacerdotes católicos en El Salvador ha solicitado al presidente Nayib Bukele que vete una nueva ley aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que permite la reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. La medida ha generado un fuerte debate entre sectores de la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y la iglesia, que temen por el impacto ambiental de la decisión.
La controversia radica en que en 2017 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir completamente la minería metálica, en respuesta a las intensas presiones sociales y los riesgos que esta actividad suponía para los escasos recursos hídricos de la nación. La ley de suspensión fue vista como un hito en la lucha por la protección del medio ambiente, siendo celebrada a nivel internacional. Sin embargo, la reciente aprobación de su derogación abre la puerta a que las empresas extractivas vuelvan a operar en el país.
Los sacerdotes señalaron en su petición que esta medida contradice los avances realizados en materia de protección al medio ambiente y pone en peligro la biodiversidad del territorio. También advirtieron sobre los riesgos relacionados con la posible contaminación de los recursos hídricos y el suelo, problemas que históricamente han afectado a las comunidades salvadoreñas debido a prácticas extractivas irresponsables.
«Es fundamental que las decisiones legislativas sean consultadas con todos los sectores afectados y que se priorice el bien común y la salud de las comunidades por encima de los intereses económicos de corto plazo», dijeron los representantes de la iglesia católica en un comunicado conjunto. En este sentido, acusaron al gobierno de actuar de espaldas a las preocupaciones de sus ciudadanos al permitir el retorno de una industria caracterizada por sus impactos negativos sobre el medio ambiente.
Por su parte, el gobierno y los legisladores oficialistas argumentan que la nueva ley servirá para atraer inversiones extranjeras y dinamizar la economía salvadoreña. Sin embargo, sectores críticos aseguran que los potenciales beneficios económicos no justifican los riesgos ambientales ni las afectaciones a las comunidades locales, especialmente en un país donde los conflictos por el acceso y uso del agua han sido recurrentes.
La decisión ahora queda en manos del presidente Nayib Bukele, quien deberá determinar si ratifica la ley o utiliza su facultad de veto. Pese a que la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea es estrecha, esta presión por parte de los sectores religiosos y otros actores podría tener influencia en el desenlace. Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos ya están movilizándose para evitar el regreso de la minería metálica en el país.
