En un llamado contundente que retoma una discusión relevante para la sostenibilidad ambiental y económica de El Salvador, la Universidad de El Salvador (UES), la principal institución académica estatal del país, ha pedido que se mantenga intacta la prohibición vigente sobre la minería metálica en el territorio nacional. Esta solicitud se enmarca en un debate más amplio sobre el impacto ambiental y sociopolítico que esta actividad económica puede generar.
Desde 2017, El Salvador ha estado a la vanguardia en la región al adoptar una normativa histórica que prohíbe toda actividad de minería metálica. Esta legislación, que situó al país como el primero en el mundo en implementar una medida de este tipo, fue impulsada principalmente para proteger los recursos hídricos y mitigar los riesgos ambientales asociados con la industria minera. En su momento, fue celebrada como un hito en el desarrollo sostenible y en la defensa de los derechos ambientales en el país centroamericano.
Sin embargo, los últimos meses han traído consigo señales de que la legislación podría estar bajo escrutinio. El gobierno encabezado por Nayib Bukele se encuentra explorando la posibilidad de flexibilizar dicha restricción, un movimiento que, según expertos, respondería a intereses económicos y a intentos por atraer inversión extranjera directa al sector minero. Esta intención ha provocado una reacción adversa entre académicos, activistas y organizaciones, quienes advierten sobre posibles consecuencias negativas a largo plazo.
La UES, a través de sus facultades y especialistas, argumenta que la minería metálica podría volver a generar graves desequilibrios ecológicos, económicos y sociales. Especialmente, señalan al uso intensivo de recursos hídricos y al riesgo de contaminación de ríos y fuentes de agua, un tema crucial para uno de los países con más estrés hídrico en América Latina. En su comunicado, resaltaron la necesidad de priorizar modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos en lugar de recurrir a actividades económicas potencialmente destructivas.
El debate también adquiere una dimensión política y social, ya que la prohibición original fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre sectores académicos, comunidades locales y organizaciones ambientales. La posibilidad de revertir esta decisión ha generado un amplio espectro de críticas, exigiendo una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo que El Salvador busca adoptar en los próximos años.
En un contexto global donde los recursos naturales son cada vez más objeto de disputa, y en el que muchas economías emergentes optan por retroceder en medidas ambientales a cambio de crecimiento económico, la posición de la UES cobra especial importancia. La resolución de este dilema será un indicativo del camino que El Salvador elegirá para armonizar el desarrollo económico con la preservación ambiental y los derechos de sus comunidades.
