Trabajadores de la planta de Alcoa situada en San Cibrao, provincia de Lugo, España, han vuelto a movilizarse en las calles en el marco de una manifestación para exigir una mayor implicación del Gobierno central y de la Xunta de Galicia en la resolución de los problemas que enfrenta la fábrica de aluminio primario. Esta protesta es consecuencia de la incertidumbre que rodea el proceso de reinicio productivo de la planta, que prevé empezar a finales de 2023 tras suspender su actividad a finales de 2021.
Según los empleados, el principal motivo de las manifestaciones radica en la falta de compromiso tanto por parte de la administración autonómica gallega como del gobierno español en garantizar medidas eficaces que resuelvan las complicaciones energéticas y operativas que enfrenta Alcoa. Los trabajadores han expresado preocupación por el futuro, dada la ausencia de avances concretos por parte de estos actores clave en relación al garantizar precios de la energía competitivos para la producción de aluminio.
Tanto el comité de empresa de la fábrica como los obreros han señalado que, a pesar de las promesas y compromisos asumidos por el Ejecutivo y el gobierno regional, el mercado energético sigue siendo un «factor diferencial» para la viabilidad de mantener una producción industrial rentable en la planta. En este sentido, se ha planteado la necesidad de llevar adelante una política industrial que integre soluciones facilitadoras de suministro energético razonable y estable en el tiempo, ya que el precio de la electricidad y su volatilidad continúa siendo un desafío mayor para la competitividad de Alcoa, que requiere altos volúmenes de energía para su funcionamiento.
En la protesta también se destacó el temor de que el reinicio de la actividad en la planta podría prolongarse o no ser posible si no se alcanzan soluciones claras. Específicamente, se demanda que se fijen precios eléctricos moderados y estables que permitan a Alcoa reiniciar sus actividades sin poner en riesgo su sostenibilidad a largo plazo ni los empleos de cientos de trabajadores. Las voces de los manifestantes insisten en que tanto el Estado como la Xunta deben involucrarse más activamente para asegurar no solo las condiciones energéticas sino también inversiones directas en la planta de Lugo.
El conflicto se encuadra en un contexto en que la industria del aluminio se ve afectada mundialmente por los altos costos y restricciones energéticas, lo que obliga a varias compañías a insistir en la creación de medidas específicas para asegurar precios y suministros que permitan la continuidad de sus actividades. A medida que crecen las tensiones, la movilización de los trabajadores busca presionar para que haya soluciones concretas a corto y largo plazo.
