Madrid, jueves 05 de junio de 2025 – En un movimiento que ha captado la atención del sector energético, el grupo político Sumar ha solicitado a la ministra de Energía, Teresa Ribera, que los sobrecostes asociados a las medidas de seguridad en las plantas de energía no se trasladen a la factura de la luz de los consumidores. Esta petición se produce en un contexto de creciente preocupación por el impacto económico que estas medidas podrían tener en los hogares españoles.
Sumar, conocido por su enfoque en políticas progresistas, ha argumentado que los consumidores ya están soportando una carga significativa debido a los altos precios de la energía. En un comunicado emitido esta mañana, el portavoz de Sumar, Javier Martínez, subrayó que «es fundamental que el gobierno tome medidas para proteger a los ciudadanos de los incrementos injustificados en sus facturas de electricidad».
La ministra Ribera, por su parte, ha reconocido la importancia de mantener la seguridad en las instalaciones energéticas, especialmente en un momento en que la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles está en pleno apogeo. Sin embargo, no ha confirmado si el gobierno implementará medidas específicas para evitar que estos costes adicionales se reflejen en las facturas de los consumidores.
El debate sobre cómo financiar las mejoras en seguridad ha cobrado relevancia tras varios incidentes menores en plantas de energía que han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad. Las empresas del sector han señalado que estas actualizaciones son esenciales para garantizar un suministro energético seguro y fiable.
Por su parte, asociaciones de consumidores han expresado su apoyo a la iniciativa de Sumar, destacando que cualquier incremento en la factura de la luz podría tener un impacto desproporcionado en los hogares de bajos ingresos. «Es crucial que el gobierno y las empresas encuentren una solución que no penalice a los consumidores», afirmó Ana López, presidenta de la Asociación de Consumidores de Energía.
En el ámbito empresarial, las reacciones han sido mixtas. Mientras que algunas compañías han mostrado su disposición a absorber parte de los costes, otras han advertido que hacerlo podría afectar su capacidad para invertir en nuevas tecnologías y mejoras operativas. Un portavoz de una importante empresa energética, que prefirió no ser identificado, comentó que «la seguridad es una prioridad, pero necesitamos un enfoque equilibrado que no comprometa la viabilidad económica del sector».
Con el verano a la vuelta de la esquina y el consiguiente aumento en el consumo de energía, la discusión sobre cómo gestionar estos sobrecostes se perfila como un tema clave en la agenda política y económica de las próximas semanas. Desde ieconomia, seguiremos informando sobre los desarrollos en este asunto de gran relevancia para los consumidores y el sector energético en general.
