Sumar pide al PSOE cumplir con la promesa de reducir la jornada laboral en 2025
En medio de negociaciones clave para la formación de un nuevo gobierno en España, la coalición de izquierda Sumar ha reafirmado su compromiso con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y le ha pedido al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) concretar esta medida durante la próxima legislatura. La propuesta, según voceros de Sumar, no solo responde a una reivindicación histórica en el ámbito laboral, sino que también busca facilitar un modelo de trabajo más equilibrado, que fomente tanto el bienestar de los empleados como la productividad de las empresas.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, figura como una de las principales impulsoras de la idea, que ya fue incluida en la negociación presupuestaria de 2024 entre ambos partidos. Según fuentes cercanas a Díaz, el gobierno tendría hasta el año 2025 para implementar la medida de manera gradual en todos los sectores productivos. Este proyecto busca posicionar a España como uno de los pioneros europeos en la transición hacia jornadas laborales más cortas, en línea con tendencias internacionales que apuestan por mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
El pedido de Sumar se da en un contexto en el que el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, negocia alianzas con otros partidos para mantenerse en el poder. La implementación de la reducción de la jornada laboral no solo sería una respuesta a las demandas de su principal socio de coalición, sino también una estrategia para reforzar su imagen como defensor de los derechos laborales en un escenario político marcado por las divisiones y la búsqueda de consensos.
Los expertos económicos analizan la viabilidad de este tipo de reformas, ya que existe un debate sobre sus posibles impactos en el mercado laboral y la economía en general. Sus defensores argumentan que una jornada laboral más corta tiende a aumentar la productividad, reducir el estrés y mejorar la conciliación entre la vida profesional y personal. Por otro lado, los detractores advierten sobre los costes adicionales para las empresas y posibles riesgos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son un pilar clave de la economía española.
La discusión no es nueva: en los últimos años se han experimentado proyectos piloto en distintos países, como Islandia y Japón, con resultados prometedores. Sin embargo, su generalización a nivel nacional implicaría cambios estructurales en las relaciones laborales y ajustes considerables en sectores clave.
Por ahora, Sumar parece listo para hacer de esta política un tema central de su agenda en el nuevo gobierno. A medida que avanzan las negociaciones, la ciudadanía y los agentes económicos estarán atentos al desenlace, conscientes de que la reducción de la jornada laboral podría marcar una transformación histórica en el mercado de trabajo español.