Gobierno y sindicatos en España buscan consenso sobre la jornada laboral de 37,5 horas
En un contexto de creciente debate sobre la reconfiguración del mercado laboral, la Plataforma de Comercio de España (PCE) instó al Partido Popular (PP) a respaldar la propuesta de implantar una jornada laboral de 37,5 horas semanales. Según declaraciones recogidas por diversos medios, este cambio, orientado a mejorar la conciliación laboral y familiar, ha emergido como una «aspiración unánime» tanto en el sector empresarial como entre los trabajadores.
La propuesta, que busca modificar el modelo actual, parte de un movimiento más amplio con el objetivo de alinear las condiciones laborales en España con las mejores prácticas europeas. La reducción de las horas laborales, o su redistribución, se convierte así en un eje estratégico de negociación entre las partes involucradas. Desde la PCE expresaron la necesidad de que el PP, principal fuerza política de oposición y con influencia sobre las tendencias legislativas, brinde su apoyo al proyecto para garantizar que este avance de manera consensuada y sin obstrucciones.
El pedido viene en un momento en el que el mercado laboral ha demostrado ser un pilar clave para el crecimiento económico y la recuperación tras los efectos de la pandemia. En un comunicado emitido recientemente, representantes de la PCE señalaron que un rediseño en la duración de las jornadas impactará positivamente en la productividad, al tiempo que incrementará el bienestar de los trabajadores. Este cambio, aseguran, también permitiría acercar a España a los estándares laborales establecidos en otras naciones de la Unión Europea, algunas de las cuales ya han adoptado modelos de jornada laboral reducida con éxito.
Por otro lado, la viabilidad económica de implementar este esquema ha despertado recelos entre ciertos sectores, especialmente en pymes y empresas con limitados recursos operativos. Sin embargo, desde la PCE aseguraron que la transición puede ser gestionada de manera flexible, con planes piloto y períodos de adaptación que permitirían mitigar cualquier potencial impacto negativo. Además, se destacó la necesidad de diseñar políticas de acompañamiento que brinden apoyo fiscal y financiero a las empresas durante el proceso de implementación.
El Partido Popular, por su parte, aún no ha respondido formalmente a la solicitud, pero se encuentra bajo presión política y social para emitir su postura. En un contexto donde las demandas por condiciones laborales equitativas y sostenibles ganan terreno tanto en España como a nivel internacional, esta propuesta se perfila como una medida que definirá el panorama laboral en los próximos años.
Desde ieconomia.com continuaremos siguiendo de cerca las actualizaciones sobre el desarrollo de esta propuesta, que promete ser un punto de inflexión en el ámbito laboral español.