El sector del vapeo reclama moratoria para el impuesto al cigarrillo electrónico en Argentina
El sector del cigarrillo electrónico en Argentina se encuentra en estado de alerta tras la reciente implementación del impuesto interno que grava los dispositivos de vapeo, medida que entró en vigencia con el Decreto 473/2023 publicado en agosto. Según representantes de la industria, esta decisión genera un impacto negativo en un mercado ya afectado por la informalidad y la falta de regulaciones claras, y piden una moratoria para aliviar la presión fiscal mientras logran adaptar la actividad a la nueva normativa.
El principal argumento del reclamo radica en la falta de preparación de las empresas para enfrentar este nuevo escenario tributario. Según sostienen actores del sector, la aplicación inmediata del impuesto al cigarrillo electrónico que estipula una tasa del 25% sobre la venta no contempla la transición adecuada que requieren las pequeñas y medianas empresas que dominan el mercado local. La carga impositiva repentina pone en riesgo la supervivencia de muchas pymes, fomentando aún más la informalidad, advierten especialistas.
Uno de los puntos críticos señalados por las asociaciones del sector es la asimetría regulatoria con respecto a otros países. Según argumentan, en varios mercados internacionales se han implementado programas progresivos de adecuación donde las empresas cuentan con ciertos plazos para cumplir con las nuevas normas impositivas. En Argentina, consideran que la falta de un periodo de moratoria les deja en una posición vulnerable frente al avance del mercado negro, que históricamente ha predominado en el país para productos relacionados con la nicotina.
A su vez, las organizaciones alertan sobre el impacto en el consumidor final, quien terminará asumiendo los costos de esta medida a través de un aumento en los precios de los dispositivos y líquidos de vapeo. Esto puede desalentar a los fumadores que están intentando dejar el cigarrillo tradicional, planteando una barrera económica innecesaria para adoptar alternativas menos perjudiciales, argumentan voces de la industria.
En contrapartida, las autoridades defienden la implementación del gravamen como una forma de equiparar el tratamiento fiscal de los cigarrillos electrónicos con el del tabaco convencional, a fin de desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud. Sin embargo, organizaciones del vapeo señalan que esta perspectiva no contempla las diferencias significativas en el impacto sanitario entre ambas opciones.
Por ahora, el sector busca abrir canales de diálogo con el gobierno para plantear la necesidad de una prórroga en la aplicación del impuesto y discutir alternativas que favorezcan tanto a los consumidores como a las empresas. Mientras tanto, advierten sobre el riesgo de un retroceso en las estrategias de reducción de daños asociadas al abandono del cigarrillo tradicional.
