El gobierno de Javier Milei, presidente de Argentina desde diciembre de 2023, ha decidido llevar a cabo una drástica reestructuración en uno de los sectores clave del Estado: la Administración General de Puertos (AGP). Según informó la agencia de noticias iEconomia.com, esta medida implica la disolución total del organismo y el despido del 79% de su personal. La decisión se enmarca en las políticas de austeridad y ajuste del gasto público que el mandatario libertario ha prometido implementar desde su campaña electoral.
La AGP es un ente estatal que, hasta ahora, se encargaba de supervisar la administración y operación de los principales puertos del país, incluyendo el Puerto de Buenos Aires, uno de los más transitados de Sudamérica. Según el comunicado oficial, las funciones de la AGP serán absorbidas por un nuevo esquema de gestión «más ágil y eficiente», aunque no se han brindado aún detalles concretos sobre cómo se implementará esta transición ni quiénes serán los nuevos responsables de la supervisión portuaria.
El Ministerio de Economía, liderado por el economista Emilio Ocampo, justificó la medida asegurando que los altos costos operativos y la supuesta ineficiencia de la AGP se habían convertido en un obstáculo para el desarrollo económico del país. En palabras del titular de la cartera, «la estructura burocrática estatal no puede seguir siendo un freno para el comercio y la inversión». Asimismo, señaló que espera que la medida impulse la competitividad de los puertos argentinos y reduzca los costos logísticos para las empresas exportadoras e importadoras.
Sin embargo, el masivo despido de trabajadores ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos del sector y de la oposición política. Voceros sindicales calificaron la decisión de «arbitraria e inhumana», advirtiendo que dejará a cientos de familias sin fuente de ingresos en un contexto de inflación elevada y crisis económica. Además, plantearon dudas sobre cómo afectará la medida a la operatividad de los puertos y la seguridad de las operaciones marítimas.
Expertos en comercio exterior han expresado opiniones divididas sobre el impacto de esta decisión. Si bien algunos coinciden en que una gestión más eficiente podría beneficiar al comercio internacional, otros advierten que el desmantelamiento del organismo podría generar incertidumbre en el sector y afectar negativamente la reputación del sistema logístico argentino en el corto plazo.
Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de reformas que el gobierno de Milei impulsa para reducir el tamaño del Estado, poner fin a los monopolios públicos y liberalizar varios sectores de la economía. No obstante, el alcance y los resultados de estas políticas aún están por verse, y prometen seguir generando debate tanto dentro como fuera de Argentina.
