España rechaza propuestas de Bruselas sobre pesca en el Mediterráneo mientras Europa negocia límites de 2025
En las intensas negociaciones de la Unión Europea, un nuevo desacuerdo ha surgido en torno a las normativas sobre pesca para 2025. Las discusiones se centraron, particularmente, en las cuotas y restricciones para el Mediterráneo, donde España lidera la oposición contra los que considera planes regulatorios demasiado estrictos por parte de Bruselas. Esta postura marca un nuevo episodio en las disputas sobre sostenibilidad y derecho económico en el sector pesquero entre la UE y algunos Estados miembros.
El lunes, ministros de pesca de los países que integran el bloque comunitario se reunieron en Bruselas para alcanzar un acuerdo sobre las cuotas de capturas pesqueras para 2025. En esta ocasión, la discusión se enfoca en medidas para fomentar una mayor sostenibilidad y luchar contra el agotamiento de los recursos marinos. Sin embargo, España, respaldada por otros países mediterráneos, ha manifestado un firme rechazo a las propuestas que buscan recortar de manera significativa los días de faena para las flotas que operan en el Mediterráneo occidental. Estas flotas ya están operando bajo estrictas limitaciones implementadas en años anteriores debido a la denominada Política Pesquera Común (PPC).
Bruselas defiende que las medidas en cuestión, que incluyen una notable reducción de los días de pesca permitidos y cuotas más estrictas para algunas especies, son esenciales para recuperar los niveles poblacionales de los peces en riesgos como la merluza y el salmonete. En contraste, España sostiene que dichas restricciones agravarían la situación económica de numerosos pescadores locales y comunidades, que ya enfrentan condiciones difíciles debido al incremento de costos operativos y la inflación general.
Por su parte, María Luisa Faneca, líder de la delegación española en las negociaciones, declaró que las medidas «carecen de un equilibrio entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica». Según Faneca, las voces de los pescadores no han sido escuchadas, lo cual eleva el descontento en las regiones dependientes de este sector.
En paralelo, esta discusión coincide con otros diálogos cruciales en la esfera pesquera europea, como los relativos a acuerdos con el Reino Unido tras el Brexit, que también generan tensiones respecto al cálculo de cuotas en aguas compartidas. En ambos frentes, España argumenta la necesidad de implementar regulaciones más justas, evitando lo que considera una excesiva centralización por parte de Bruselas.
Se espera que las reuniones continúen en los próximos días, dado que la presión por alcanzar un consenso antes de finales de 2024 es intensa. Mientras tanto, el pulso entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica sigue siendo el núcleo de este debate que incide tanto en la política comunitaria como en la subsistencia de un sector estratégico.
