Argentina enfrenta discusiones clave sobre la edad jubilatoria ante desafíos demográficos.
El debate sobre la edad legal para jubilarse vuelve a estar en el centro de la escena en diversos países, incluido Argentina, donde surgen interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema previsional. A nivel internacional, se destacan ejemplos como el reciente ajuste aprobado en España, donde la edad legal de jubilación aumentará dos meses, situándose en 66 años y 8 meses a partir de 2025. Este cambio pone de relieve las tensiones entre prolongar la vida laboral activa de los ciudadanos y garantizar la viabilidad de las prestaciones sociales en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional.
En el caso español, las últimas reformas apuntan a adaptarse a la creciente esperanza de vida, contemplando además un incentivo para quienes logren alcanzar las cotizaciones mínimas de 37 años y 9 meses, lo que les permitirá retirarse a los 65 años sin penalizaciones adicionales. Estos ajustes son parte de un esfuerzo continuo por atenuar el impacto financiero del envejecimiento y estabilizar las cuentas públicas. De acuerdo con la Seguridad Social de España, tales medidas buscan también incrementar la sostenibilidad a largo plazo en medio de presiones económicas y desafíos fiscales.
En Argentina, donde el sistema previsional funciona bajo esquemas de reparto, las autoridades están prestando atención a estas dinámicas internacionales y analizan alternativas que ayuden a garantizar la estabilidad del sistema. A diferencia de España, el país enfrenta desafíos estructurales relacionados tanto al envejecimiento poblacional como a problemas de informalidad laboral que comprometen las contribuciones previsionales efectivas. Este doble desafío pone en jaque el financiamiento del sistema de jubilaciones y fomentó, en los últimos años, debates en torno a reformas integrales, incluyendo la posibilidad de extender la edad jubilatoria.
Actualmente, la edad jubilatoria en Argentina se establece en 65 años para hombres y 60 para mujeres, aunque estas últimas tienen la opción de continuar hasta los 65. Sin embargo, las crecientes dificultades económicas que atraviesan el país, con altos niveles de inflación y una economía informal considerable, dificultan un mecanismo de financiamiento que permita aumentar las prestaciones sin ajustar parámetros como la edad mínima laboral o los años de servicios requeridos.
Con la mirada puesta en 2025 y tomando ejemplos como el de España, este tema podría escalar en la agenda pública argentina. Expertos locales destacan que cualquier reforma en este sentido deberá ser profundamente debatida, tomando en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también las realidades sociales y laborales que enfrentan los sectores más vulnerables. Mientras tanto, los gobiernos de diferentes naciones continúan tomando decisiones de este tipo en búsqueda de soluciones que equilibren la estabilidad financiera del sistema previsional con los derechos y necesidades de los trabajadores.
