Argentina: Diputada propone intervención estatal en el precio de la vivienda para mitigar problemáticas socioeconómicas
En un contexto de crecimiento sostenido en los precios de las propiedades en Argentina y crecientes dificultades para acceder al derecho fundamental a la vivienda, la legisladora Ofelia Díaz ha generado un vigoroso debate tras plantear la necesidad de que el Estado intervenga directamente en el mercado inmobiliario. Según declaraciones recogidas en una entrevista reciente, Díaz considera que la inacción podría derivar en una crisis habitacional más profunda, especialmente en los principales centros urbanos del país.
De acuerdo con Díaz, los precios de los inmuebles han alcanzado niveles que resultan inalcanzables para la mayoría de los argentinos, lo que ha desencadenado, entre otros problemas, un aumento de pobreza habitacional y el desplazamiento de familias hacia zonas periféricas con menor acceso a servicios. La diputada señaló que, de no tomarse medidas concretas, el problema podría avanzar hasta convertirse en una bomba de tiempo económica y social.
Dentro de las posibles soluciones que Díaz plantea, destaca la idea de un marco normativo que regule el precio de venta y alquiler de propiedades. Según su propuesta, esta medida no solo garantizaría el acceso a viviendas más asequibles, sino que también estabilizaría uno de los mercados que más rápidamente traslada los efectos de la inflación a los consumidores. Para Díaz, la intervención estatal permitiría corregir distorsiones significativas, como la especulación inmobiliaria y la acumulación de propiedades exclusivamente con fines de inversión.
La propuesta no tardó en recibir tanto apoyo como críticas. Desde el sector inmobiliario, múltiples voces han alertado que una posible intervención en los precios podría desalentar la inversión privada en la construcción de nuevos complejos habitacionales, agravando el déficit de oferta que ya enfrenta el mercado. Asimismo, expertos en economía han advertido que regulaciones excesivas podrían generar dinámicas de mercado negro o disuadir a propietarios de poner inmuebles en alquiler, afectando aún más a los inquilinos.
No obstante, sectores sociales y algunas organizaciones civiles han mostrado su respaldo a la diputada, aduciendo que la especulación descontrolada en el mercado inmobiliario contribuye de manera directa a la desigualdad y a la segregación urbana. Además, señalan que medidas similares ya han sido implementadas con éxito en otros países de Europa, donde el precio de los alquileres se regula en relación con el ingreso promedio de la población.
Por el momento, el debate parece estar lejos de resolverse, pero lo que sí es evidente es que el acceso a la vivienda sigue siendo un tema de alta sensibilidad en Argentina. Mientras el gobierno evalúa las iniciativas propuestas, miles de familias continúan buscando soluciones habitacionales en un mercado que parece ser cada vez más inaccesible para la mayor parte de la población.
Fuente: iEconomia.com