El Congreso respalda la iniciativa de Sumar para frenar la venta de Arqura Promotora de Sareb
En un giro relevante para el sector financiero y el mercado inmobiliario, el Congreso de los Diputados en España ha respaldado una propuesta impulsada por Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, que busca suspender la venta de Arqura Homes, filial promotora de activos inmobiliarios de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Este movimiento podría repercutir en el manejo de los activos inmobiliarios derivados de la crisis financiera de 2008, generando un nuevo capítulo en la gestión pública de estos recursos.
La propuesta, que contó con el apoyo del pleno del Congreso, tiene como objetivo detener la venta de Arqura Promotora, una sociedad cuyo activo principal son terrenos y promociones inmobiliarias en cartera. Dichos activos se encuentran gestionados actualmente por Sareb, entidad conocida como el «banco malo» que asumió una amplia cartera de bienes problemáticos tras la crisis financiera y el rescate del sector bancario español. Según Sumar, la venta podría desvirtuar el objetivo original de Sareb, el cual era contribuir a la estabilidad del sector financiero y garantizar la gestión adecuada de los activos públicos.
El detonante de esta iniciativa es el plan anunciado previamente por Sareb para ceder la gestión de Arqura a Stoneweg, un fondo de inversión especializado, con el fin de agilizar la comercialización y liquidación de sus activos. Sin embargo, para Sumar y sus aliados, tal operación generaría un riesgo de dilución de los intereses públicos en beneficio de actores privados, una preocupación pertinente dado que actualmente el 50,14% de Sareb pertenece al sector público español tras su nacionalización parcial.
Uno de los puntos claves defendidos por Sumar es que, al mantener la gestión de Arqura bajo control estatal, se podría atender a objetivos estratégicos, como el impulso al acceso a la vivienda, la promoción de alquileres sociales, y la alineación con políticas públicas de vivienda. Por otro lado, Sareb argumenta que la venta de sus activos es fundamental para la reducción de su deuda, que fue garantizada por el Estado español durante su creación.
La resolución del Congreso no tiene carácter vinculante, pero pone de manifiesto las tensiones entre las prioridades políticas y las necesidades operativas de las entidades financieras públicas. A nivel de mercado, la medida es seguida de cerca por el sector inmobiliario e inversores, quienes ven en Arqura Promotora un actor con activos estratégicos en un contexto de recuperación del mercado de vivienda en España.
En definitiva, esta decisión del Congreso subraya un cambio en el paradigma de gestión de los activos de Sareb y plantea dudas sobre cómo equilibrar los intereses públicos y privados en el manejo de bienes inmobiliarios que alguna vez fueron emblemáticos de la crisis financiera de 2008. Habrá que esperar para ver si la propuesta de Sumar no solo frena la venta, sino que además redefine el futuro de Sareb y su rol en el mercado español.
