La inversión real del Estado en las provincias argentinas sufrirá una drástica caída en 2024
El presupuesto proyectado para 2024 en Argentina anticipa una reducción significativa en la inversión real directa del gobierno nacional en las provincias, de acuerdo con el análisis realizado por Investing.com. Según los datos señalados, esta disminución alcanzará el 73,4 % en términos reales, marcando un retroceso sustancial en relación con años anteriores. Este cambio genera preocupación sobre las implicancias para las economías regionales y la ejecución de obras públicas esenciales en todo el país.
La inversión real directa comprende los desembolsos destinados principalmente a infraestructuras como caminos, viviendas, escuelas y hospitales. En términos nominales, el presupuesto para este rubro se ajustará al alza, pero el aumento será del 44 %, muy por debajo de las expectativas inflacionarias del gobierno, que rondan el 70 % anual. Este desfasaje repercute directamente en una caída del poder adquisitivo de los fondos asignados, limitando considerablemente la capacidad de financiar nuevos proyectos o completar los existentes.
El recorte se alinea con la política de ajuste fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno busca alcanzar un déficit primario del 0,9% del PBI el próximo año, una tarea que demanda estrictos recortes en los gastos del sector público. Si bien estas restricciones obedecen al objetivo de estabilizar la macroeconomía, los críticos señalan que la disminución en las inversiones públicas profundizará las desigualdades interprovinciales y frenará el desarrollo en regiones clave.
De las 24 jurisdicciones del país, algunas provincias se ven particularmente afectadas. Analistas indican que los destinos con mayor dependencia del aporte del gobierno central para sus obras públicas podrían enfrentar serios desafíos, lo que generaría tensiones adicionales en un contexto económico ya complicado. Sectores vinculados a la construcción pública, que tradicionalmente actúan como dinamizadores de empleo y actividad económica, también sufrirían un daño colateral significativo.
Por otro lado, desde el gobierno defienden la necesidad de priorizar ciertos gastos, como la asistencia social y el pago de deuda, justificando la contracción en otros segmentos del presupuesto. Argumentan que las restricciones del contexto actual no permiten otra alternativa si se quiere avanzar hacia un equilibrio fiscal sostenible.
En este marco, las provincias tendrán que buscar alternativas de financiamiento, ya sea mediante recursos propios o a través de asociaciones público-privadas, para continuar con los proyectos que consideren prioritarios. Sin embargo, las limitaciones financieras subnacionales podrían complicar estos esfuerzos, especialmente en un año electoral que ya promete ser desafiante.
La notable reducción en la inversión pública, combinada con el impacto de una inflación elevada y una economía en desaceleración, plantea serios interrogantes sobre el futuro inmediato del desarrollo regional en Argentina. Las decisiones presupuestarias tomadas en 2024 bien podrían marcar un antes y un después en el modelo de redistribución federal del gasto público en el país.
