Venezuela extiende decreto que prohíbe los despidos hasta 2025
En una medida que apunta a contener las consecuencias sociales de la prolongada crisis económica, el gobierno de Venezuela ha anunciado la prórroga por dos años más del decreto que prohíbe los despidos en el país. La extensión, oficializada a través de un decreto presidencial firmado por Nicolás Maduro, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, asegurando así que los trabajadores sigan teniendo un nivel de protección laboral sustentado por la legislación nacional.
Esta normativa fue implementada inicialmente en 2002, durante el mandato del fallecido expresidente Hugo Chávez, y desde entonces se ha renovado de manera sucesiva. En esencia, la medida establece que los empleadores no pueden despedir, desmejorar o trasladar injustificadamente a sus trabajadores sin previa autorización del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. La decisión ha sido presentada por el gobierno como un mecanismo para garantizar la estabilidad laboral en tiempos de crisis económica, agravada por las sanciones internacionales y los problemas estructurales que enfrenta la economía del país.
El decreto abarca a los empleados de sectores público y privado que perciban un salario igual o inferior a dos salarios mínimos mensuales. Cabe mencionar que actualmente el salario mínimo en Venezuela es uno de los más bajos del mundo, rondando los 130 bolívares al mes, equivalente a menos de cinco dólares estadounidenses en el mercado oficial, lo que ha generado numerosas críticas por parte de sindicatos y economistas.
Desde el punto de vista del empresariado, la medida ha generado polémica. Voceros de gremios y organizaciones empresariales han señalado que esta prohibición limita considerablemente la capacidad de las empresas para adaptarse a las fluctuaciones económicas y reducir costos en medio de una economía en recesión. Esta tensión entre la protección laboral y las necesidades empresariales ha sido una constante en el escenario económico venezolano durante las últimas dos décadas. Además, el sector privado ha alertado sobre los riesgos de un mercado laboral rígido, que podría desalentar inversiones y exacerbar el desempleo informal, que ya es significativo en el país.
Por otro lado, el gobierno de Maduro sostiene que esta medida es crucial para evitar un colapso social mayor, en un contexto donde la inflación galopante, la devaluación de la moneda y la precarización del empleo afectan a millones de venezolanos. A pesar de las críticas, la administración socialista reafirma su compromiso con lo que denomina «la defensa de los derechos de la clase obrera», en un país donde los trabajadores han visto drásticamente desvalorizados sus ingresos en los últimos años.
En definitiva, la extensión de esta prohibición se da en un complejo escenario económico y político, marcando, una vez más, el dilema entre la protección social de los trabajadores y los desafíos para la reactivación económica en un país en crisis.
