Transportes desmiente irregularidades en contrataciones señaladas por Aldama
En un reciente comunicado, el Ministerio de Transportes de Argentina informó que no ha encontrado evidencia de irregularidades en las contrataciones mencionadas por la legisladora opositoria Carla Aldama. Las declaraciones de la diputada generaron polémica esta semana, tras denunciar presuntos sobrecostos e incumplimientos en contratos vinculados a obras de infraestructura vial. Sin embargo, las autoridades aseguran que tras una auditoría interna no se han advertido anomalías en los procedimientos licitatorios o en la ejecución de los mismos.
A través de un informe oficial, Transportes respondió a los dichos de Aldama aludiendo a la transparencia de los procesos administrativos y argumentando que todas las contrataciones bajo su órbita se encuentran reguladas por normativa vigente y bajo auditoría de órganos competentes. «Se han cumplido todos los estándares establecidos en relación a la adjudicación, supervisión y liquidación de las obras. Este ministerio reafirma su compromiso con la gestión responsable y la utilización adecuada de los fondos públicos», señaló el comunicado.
La controversia surgió luego de que Aldama denunciara, durante una sesión parlamentaria, que ciertas empresas contratistas favorecidas por el ministerio estarían ligadas a figuras allegadas al oficialismo. Según la acusación, estas empresas habrían recibido licitaciones multimillonarias con presuntas irregularidades en los requisitos de competencia y con costos finales significativamente superiores a los del mercado. Además, reclamó la falta de control efectivo sobre el avance y la calidad de los proyectos adjudicados.
Frente a este escenario, Transportes decidió realizar una auditoría para dilucidar los hechos y despejar cualquier duda respecto a las acusaciones de la legisladora. Según indicaron desde el organismo, tras revisar la documentación pertinente «no se detectaron falencias en ninguno de los procesos mencionados». Asimismo, informaron que las obras cuestionadas forman parte de un ambicioso plan de infraestructura basado en criterios de planificación estratégica y priorización territorial.
A pesar de la aclaración oficial, la oposición insiste en la necesidad de que los contratos sean revisados por un organismo externo. Aldama sostuvo más tarde, en declaraciones a un medio local, que llevará el caso ante la Oficina Anticorrupción y buscará promover una comisión investigadora en el Congreso. «Los argentinos merecen saber a dónde van los recursos de sus impuestos, y hay claros indicios de favoritismo político detrás de estas adjudicaciones», aseveró.
La situación ha puesto nuevamente bajo la lupa la transparencia en la ejecución de grandes proyectos de infraestructura pública y podría escalar en un debate político que difícilmente pase desapercibido en los próximos días. Desde ieconomia.com seguiremos atentos a los desarrollos de esta historia, marcando como eje la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el impacto sobre la confianza ciudadana y los mercados.