En un nuevo capítulo de tensiones entre organismos reguladores y el sector privado, el Partido Popular (PP) de España ha instado al Gobierno a eliminar el Registro de Viajeros recientemente aprobado. Según la formación política, esta normativa, que afecta al sector turístico, no solo carece de un consenso previo con las partes interesadas, sino que también se implementa en un momento especialmente delicado para la economía, con una industria turística aún en proceso de recuperación tras la pandemia.
El Registro de Viajeros tiene como objetivo recopilar información personal y detallada de quienes contraten servicios turísticos en línea, con miras a reforzar la fiscalización y garantizar transparencia en las actividades económicas del sector. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo tanto en el ámbito político como empresarial. Los opositores advierten que su alcance puede resultar en una burocratización excesiva y un encarecimiento de los servicios turísticos, lo que, a su vez, podría impactar negativamente en la competitividad de España como uno de los principales destinos turísticos mundiales.
En un comunicado, el PP sostuvo que la medida «se ha implementado de manera unilateral y sin escuchar a los actores clave de la industria ni a las comunidades autónomas». Por tal motivo, exigen que se derogue cuanto antes y que se impulse, en su lugar, una legislación más equilibrada y dialogada con las empresas del sector. Según fuentes del partido, la normativa podría convertirse en una traba para el sector turístico, compuesto en gran parte por pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que enfrentan dificultades para adaptarse a los exigentes requisitos administrativos del registro.
En paralelo, asociaciones empresariales y expertos turísticos se han sumado al pedido de replantear la medida. Desde estas organizaciones se argumenta que aún no se ha demostrado que el registro sea eficaz para abordar los problemas de informalidad o evasión fiscal. Además, alertan sobre posibles violaciones a la privacidad de los usuarios y un impacto negativo sobre la confianza de los consumidores en las plataformas de reserva en línea.
El turismo es uno de los pilares de la economía española, representando en 2022 aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y generando miles de empleos directos e indirectos. Por ello, las decisiones políticas que afectan al sector son observadas con lupa tanto por inversores como por organismos internacionales. De acuerdo con analistas, cualquier medida que frene el crecimiento o eleve los costos operativos podría poner en riesgo el posicionamiento estratégico del turismo español en el competitivo mercado global.
Por el momento, el Gobierno de España no ha emitido una respuesta oficial respecto al pedido del PP. Sin embargo, la controversia anticipa un intenso debate en las próximas semanas, en el que se definirán los pasos a seguir en torno a esta normativa.
