El presidente argentino, Javier Milei, anunció la derogación de 43 normativas que establecen la intervención estatal en diversos mercados. Según adelantó el gobierno, esta iniciativa busca desmantelar un marco regulatorio que, según argumentan desde el Ejecutivo, distorsionaba los precios y las condiciones de competencia en la economía argentina, impidiendo al sector privado operar con total libertad. Esta medida forma parte de la estrategia económica que el mandatario viene impulsando desde su llegada al poder, enfocada en reducir el tamaño del Estado y fomentar la libre competencia.
Entre las normativas anuladas se destacan varias que regulaban los precios internos de productos de primera necesidad y que restringían las exportaciones de determinados bienes, incluyendo carne, maíz y trigo, sectores clave para la economía del país. Estas regulaciones, justificadas por gobiernos anteriores en la necesidad de mantener el acceso a precios accesibles para los consumidores, eran criticadas por Milei, quien considera que estas políticas han sido contraproducentes y contribuyeron al deterioro de la competitividad argentina en el plano internacional.
El anuncio generó reacciones diversas en el ámbito empresarial y político. Voces favorables a estas reformas aplaudieron el «fin de los controles artificiales al mercado», argumentando que el levantamiento de restricciones permitirá una mayor inversión en sectores productivos y estimulará la generación de riqueza. Sin embargo, sectores vinculados a la protección de los consumidores y a gremios productivos expresaron preocupación por el posible impacto de estas decisiones en los precios de los bienes básicos, advirtiendo que podría aumentar la inflación y generar una regresión en el poder adquisitivo en los sectores más vulnerables de la población.
Milei, conocido por sus posturas económicas de corte libertario, ha reiterado en diversas ocasiones su visión de un Estado limitado, promoviendo una economía de mercado prácticamente sin intervención estatal. Este movimiento fue catalogado como un paso más hacia un ajuste de las estructuras del país con una agenda de liberalización económica que apunta a reducir tarifas, eliminar subsidios y privatizar empresas públicas.
Para los analistas, esta medida se enmarca dentro del plan más amplio de estabilización que impulsará el nuevo gobierno, que incluirá otras medidas como la dolarización de la economía y la drástica reducción del déficit fiscal. Sin embargo, advierten que implementar cambios estructurales de tal magnitud requiere tiempo y consenso, factores que Milei todavía debe considerar para evitar una posible inestabilidad social en el mediano plazo.
Por otro lado, economistas críticos con la medida señalan que Argentina ya ha experimentado iniciativas similares durante los años 90, cuando se llevó a cabo un proceso de desregulación y apertura de mercados que, según ellos, no brindó los resultados esperados y exacerbó problemas macroeconómicos.
