En un reciente capítulo de la disputa legal y administrativa entre Walt Disney Co. y el estado de Florida, una investigación oficial concluyó que la antigua junta fiscal del distrito especial de Disney no incurrió en delitos penales. Según el reporte de la policía estatal de Florida divulgado este martes, el análisis de las actividades de la junta no halló evidencias para presentar cargos criminales, desactivando así una de las alegaciones hechas por el gobernador republicano Ron DeSantis y la nueva entidad fiscal instaurada en el lugar.
El conflicto se originó tras la promulgación del llamado «Proyecto de ley de derechos parentales en la educación», apodado por sus críticos como la ley «No digas gay». Disney adoptó una postura pública de rechazo hacia la legislación, lo cual intensificó el enfrentamiento entre la compañía y DeSantis. Este último promovió la reestructuración del distrito fiscal especial conocido como Reedy Creek Improvement District, que por más de cinco décadas otorgó a Disney amplios poderes de autogestión en la región donde opera Walt Disney World. Como resultado, el control de la junta fiscal pasó de manos de Disney a una nueva entidad designada por el gobernador.
La investigación, a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, surgió a partir de acusaciones contra la antigua junta por supuestas irregularidades e infracciones penales. Sin embargo, tras la revisión de contratos y documentos, los investigadores concluyeron que no hubo violación de normas ni actos delictivos en las operaciones de la junta disuelta. Esta resolución surge en medio de un panorama de demandas legales cruzadas entre Disney y la nueva entidad fiscal del distrito, ahora rebautizado como Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central.
Actualmente, Disney mantiene un litigio en un tribunal federal acusando a DeSantis de represalias políticas que, según la empresa, afectan sus derechos constitucionales. Paralelamente, la nueva junta también enfrenta a Disney en un tribunal estatal sobre la validez de acuerdos firmados por la antigua junta antes de ser reemplazada. En esos acuerdos, se transferían poderes clave a la compañía, reduciendo la autoridad de la recién instaurada directiva. Este diferendo ha tensado aún más la relación entre ambas partes.
La resolución de la investigación representa una pequeña victoria para Disney en esta batalla más amplia, pero no cierra el extenso conflicto legal y político que ha puesto a prueba el modelo de gobernanza de distritos especiales en Florida. A medida que las disputas legales avanzan, se esperan nuevos capítulos que podrían redefinir no solo la relación entre las grandes corporaciones y los gobiernos estatales, sino también el impacto de posturas políticas en el ámbito empresarial.
