Cuba rechaza la ley de «marcas robadas» aprobada en Estados Unidos
El gobierno de Cuba ha calificado como una medida agresiva la reciente aprobación de la llamada Ley de Protección contra las Marcas Roubadas, promulgada en Estados Unidos. Esta normativa fue ratificada por el presidente Joe Biden el 29 de septiembre y busca impedir que empresas cubanas o entidades de otros gobiernos «hostiles» registren marcas relacionadas con propiedades estadounidenses confiscadas tras la Revolución de 1959.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba expresó que este marco legal constituye un nuevo episodio en la prolongada política de hostilidad y bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla. En un comunicado, las autoridades cubanas afirmaron que esta legislación atenta contra el derecho legítimo de las empresas del país a comercializar productos tradicionales asociados con marcas de renombre como Havana Club o Cohiba en el mercado estadounidense.
La Ley de Protección contra las Marcas Roubadas se enfoca particularmente en evitar que compañías cubanas mantengan el control de marcas que pertenecían a empresas o ciudadanos estadounidenses antes de ser nacionalizadas por el gobierno revolucionario. Este debate ha estado presente en relaciones comerciales internacionales, destacándose el caso de Havana Club, marca que durante años ha enfrentado disputas legales entre la empresa cubana Cubaexport y la multinacional Bacardí en Estados Unidos.
Según medios estadounidenses, los impulsores de la ley consideran que protege los derechos de las personas cuyos activos fueron expropiados por el régimen cubano, dándoles más herramientas legales para oponerse a esos registros de marcas. La medida también ha sido interpretada como parte de un enfoque más duro de la administración Biden hacia el gobierno de La Habana, pese a que durante las elecciones se esperaba una política más conciliadora en comparación con la de su predecesor, Donald Trump.
En contraste, el gobierno cubano asegura que la agresión legal de Estados Unidos no solo es injustificada, sino que también perjudica las perspectivas de normalización comercial y las inversiones extranjeras vinculadas a marcas cubanas que gozan de reputación internacional. Además, interpretan esta normativa como un obstáculo adicional para el desarrollo económico de un país que ya enfrenta severas limitaciones debido al embargo que Washington mantiene desde hace décadas.
El impacto concreto de esta ley aún está por verse, pero especialistas anticipan que podría intensificar el enfrentamiento bilateral entre ambos países, profundizando las tensiones económicas y legales sobre un tema que ha sido central en las políticas hacia Cuba. Desde el sector privado internacional, empresas con intereses en marcas cubanas también monitorean de cerca el desarrollo de esta controversia, pues podría influir en las dinámicas de comercio global relacionadas con la isla.
Esta nueva disputa en torno a las marcas es un recordatorio de las complejidades de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que han oscilado entre intentos de apertura y períodos de hostilidad, siendo el comercio uno de los ejes más sensibles en esta relación históricamente conflictiva.