El gobierno español aprobará una modificación presupuestaria para reforzar el gasto en defensa, según confirmó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta decisión tiene como objetivo principal cumplir con los compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa, así como potenciar el desarrollo industrial de un sector estratégico para la economía del país.
La medida contempla una ampliación de los créditos presupuestarios destinados al Ministerio de Defensa, enfocándose especialmente en proyectos de modernización y adquisición de material militar de última generación. En su declaración a la prensa, Montero justificó la decisión argumentando que ?los compromisos con la OTAN y las necesidades del contexto geopolítico actual hacen imprescindible este refuerzo presupuestario?.
La ministra no ofreció cifras exactas sobre el monto de la modificación, pero fuentes cercanas al Ejecutivo estiman que se trataría de una ampliación cercana a los 1.000 millones de euros. Esta modificación presupuestaria permitiría al Ministerio de Defensa avanzar en programas clave, como la compra de nuevas fragatas, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea, muchos de ellos en colaboración con países socios de la Unión Europea.
Montero reiteró que la decisión se enmarca dentro de la hoja de ruta que el Gobierno viene siguiendo desde hace años para incrementar progresivamente el gasto en defensa hasta alcanzar el objetivo del 2% del PIB, compromiso asumido por los países miembros de la OTAN. En 2023, el gasto en defensa español se situó en torno al 1,3% del PIB, por lo que esta ampliación presupuestaria constituye un paso adicional hacia esa meta.
La ministra también subrayó los efectos positivos que este aumento de inversión puede tener sobre la economía real. ?Cada euro invertido en defensa genera empleo de calidad, innovación tecnológica y crecimiento en industrias punteras?, señaló Montero. Según datos oficiales, el sector de defensa en España emplea de manera directa a más de 20.000 personas y moviliza una cadena de valor compuesta por más de 600 empresas, muchas de ellas pymes altamente especializadas.
La modificación presupuestaria deberá ser aprobada en el Consejo de Ministros en las próximas semanas. Aunque el Gobierno cuenta con mayoría suficiente para anunciar esta medida ejecutiva, su implementación requerirá ajustes administrativos y podría encender nuevamente el debate parlamentario sobre las prioridades del gasto público en un contexto económico que aún enfrenta desafíos como la inflación y la desaceleración del crecimiento.
Esta decisión marca un giro significativo en la política fiscal española, en la que el gasto social había sido tradicionalmente prioritario, y refleja el cambio en el entorno estratégico internacional, con Europa más enfocada ahora en su capacidad de disuasión y defensa autónoma.
