Argentina ajustará la edad legal de jubilación a partir de 2025
En un contexto de reformas previsionales en diversos países, Argentina se prepara para implementar cambios en la edad legal de jubilación, según informó la administración pública a partir de una reciente medida divulgada. A partir del 1 de enero de 2025, la edad mínima para acceder a una pensión en el régimen general se ajustará gradualmente, situándose en 66 años y 8 meses. Este cambio refleja una tendencia global vinculada al envejecimiento poblacional y las presiones fiscales que afectan a los sistemas de seguridad social.
El anuncio detalla que el incremento será aplicado de manera progresiva, como parte de un esquema que busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo. Actualmente, la edad de jubilación varía según el género en Argentina, estableciéndose en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, con ciertas flexibilidades en función del régimen en el que se haya trabajado. No obstante, este ajuste también está diseñado para abordar desigualdades y adecuarse a las dinámicas demográficas y económicas imperantes.
La decisión se enmarca en una corriente internacional de reformas previsionales que buscan alargar la vida laboral de los ciudadanos debido al aumento en la esperanza de vida y los desafíos financieros que enfrentan las cajas del sistema de pensiones. En países desarrollados, la tendencia hacia edades de retiro más avanzadas es cada vez más frecuente; por ello, Argentina se suma a esta dinámica como parte de sus estrategias de sostenibilidad a futuro en el ámbito previsional.
El gobierno enfatizó que este ajuste no afectará a quienes ya se encuentren próximos a jubilarse y que las transiciones serán graduales con el objetivo de preservar los derechos adquiridos de los trabajadores. De igual forma, se incentivará mediante políticas específicas la posibilidad de extender voluntariamente la vida laboral para quienes así lo deseen, un mecanismo que ya se aplica en varios países de la región y el mundo.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. Algunos sectores sindicales y expertos en materia laboral señalan que este tipo de reformas pueden desproteger a quienes tienen empleos de alta exigencia física o instancias de trabajo informal que dificultan cumplir con los años de aportes requeridos. En contrapartida, economistas y analistas de finanzas públicas destacan la necesidad de este tipo de decisiones estructurales para encarar una situación fiscal desafiante en el mediano y largo plazo.
Finalmente, el gobierno argentino subrayó que seguirá monitoreando el impacto de esta reforma y continuará trabajando en mecanismos que fortalezcan el sistema previsional, buscando un equilibrio entre las demandas sociales y los retos económicos.
