El CIADI suspende de forma provisional la ejecución del laudo contra Colombia en el caso Telefónica
En un giro inesperado del conflicto internacional que enfrenta a Colombia y a la multinacional española Telefónica, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, anunció una suspensión provisional del laudo arbitral que beneficiaba a la compañía. Según informó la agencia financiera iEconomia.com, esta decisión es un respiro para el gobierno colombiano, que enfrentaba una orden de pago millonaria emitida por el tribunal de arbitraje internacional.
El caso tiene su origen en la desinversión de la filial de Telefónica en Colombia, causada por una histórica decisión del Estado de liquidar y sustituir empresas de servicios públicos ineficientes. En este contexto, Telefónica interpuso un arbitraje ante el CIADI en 2016, argumentando que el Estado colombiano afectó negativamente sus derechos como inversor al no cumplir con los compromisos establecidos en un contrato de concesión. El laudo, dictado en mayo de 2023, ordenaba a Colombia indemnizar a la multinacional por más de 1.000 millones de dólares, situación que generó preocupación en Bogotá dada su posible impacto fiscal.
La suspensión provisional, sin embargo, es solo una medida cautelar mientras el tribunal se pronuncia sobre la solicitud de anulación presentada por el Estado colombiano. El gobierno argumentó que el laudo muestra irregularidades y no es consistente con el derecho internacional, por lo que busca revertirlo definitivamente. Este procedimiento es usual en el sistema del CIADI, aunque las tasas de éxito para la anulación de laudos suelen ser bajas, lo que implica que Telefónica todavía podría cobrar la suma adjudicada si la medida cautelar no prospera en el plano definitivo.
Por su parte, Telefónica no ha emitido declaraciones oficiales tras la suspensión, pero analistas financieros consideran que este escenario podría complicar la recuperación de los fondos estipulados en el laudo arbitral. La empresa, que opera en Colombia a través de su filial Movistar, mantiene una posición importante en el mercado de telecomunicaciones del país, lo que añade complejidad al conflicto con el gobierno colombiano.
Esta noticia ha generado un fuerte eco en la comunidad económica y jurídica internacional, debido a sus implicaciones tanto para los sistemas de arbitraje de inversiones como para la estabilidad de las relaciones entre Colombia y compañías extranjeras. La medida también podría sentar un precedente en otros conflictos similares relacionados con concesiones y servicios públicos. Por ahora, el desenlace del caso dependerá de la evaluación de los argumentos colombianos por parte del tribunal del CIADI, un proceso que podría tardar meses en resolverse.
