En un movimiento significativo que tiene por objetivo enfrentar la crisis energética que atraviesa el país, el gobierno cubano anunció que obligará a las empresas privadas de ciertos sectores a producir al menos el 50% de la energía que consumen. Este nuevo esquema regulatorio fue dado a conocer en un contexto de creciente escasez de combustibles y reiterados apagones que han afectado tanto a la industria como a la población.
Según el decreto publicado en la Gaceta Oficial de Cuba, esta obligación recaerá sobre empresas privadas clasificadas como «altos consumidores». Estas, a partir de ahora, deberán emplear fuentes renovables como paneles solares o sistemas híbridos para cubrir al menos la mitad de su demanda energética. La normativa también contempla que las compañías puedan consorciarse con otras entidades para alcanzar los objetivos fijados, promoviendo la inversión compartida en infraestructuras energéticas de autoabastecimiento.
Esta medida surge en un contexto económico complicado para Cuba, donde las sanciones internacionales, junto con la crisis económica global y los problemas estructurales internos, han puesto en jaque al sistema eléctrico del país. La generación de energía, antes dependiente en gran medida de los combustibles fósiles importados, se ha visto severamente afectada por la limitada disponibilidad de diésel y otros recursos. En este sentido, el gobierno ha apelado a la sostenibilidad y la participación del sector privado como una fórmula para paliar el creciente déficit energético.
Expertos han señalado que, si bien la medida podría incentivar la utilización de energías renovables y reducir la presión sobre el sistema eléctrico estatal, también plantea desafíos considerables para las empresas locales. La implementación de sistemas de autoabastecimiento podría implicar inversiones significativas, lo que podría afectar a compañías ya impactadas por las dificultades económicas del país. Además, la ausencia de incentivos fiscales o financieros claros en la normativa podría dificultar la viabilidad de esta transición.
En paralelo, la nueva regulación llega en un momento en que el régimen cubano busca revitalizar la economía a través de un mayor protagonismo del sector privado. En los últimos años, el gobierno ha promovido la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, un cambio frente al modelo tradicionalmente centralizado de la economía cubana. Sin embargo, esta nueva carga regulatoria podría ser percibida como contradictoria en medio de un esfuerzo por abrir la economía.
Por último, cálculos preliminares indican que la medida podría beneficiar al medio ambiente al incentivar una menor dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono. No obstante, su impacto real dependerá de cómo se implementen los reglamentos y del contexto económico en el que estas empresas operen. Mientras tanto, el sector privado deberá adaptarse rápidamente para cumplir con los nuevos requerimientos, en un entorno en el que la sostenibilidad se convierte en cuestión de supervivencia económica.
