La Secretaría de Comercio de Argentina ha impuesto una sanción ejemplar contra cinco aerolíneas, señaladas por incurrir en prácticas abusivas hacia los consumidores. Estas empresas enfrentan multas que totalizan 179 millones de euros, en lo que representa un contundente mensaje del gobierno respecto a la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos.
Entre las aerolíneas sancionadas destacan importantes compañías internacionales que operan en el país, siendo acusadas de implementar políticas que infringían la Ley de Defensa del Consumidor. Los principales puntos cuestionados incluyen cambios unilaterales en los términos del contrato con los pasajeros, falta de transparencia en la información sobre tarifas y costos adicionales, así como una débil respuesta a los reclamos por cancelaciones o demoras de vuelos.
En un comunicado oficial, la Secretaría de Comercio señaló que las medidas correctivas buscan «garantizar una mayor protección y transparencia para los consumidores que adquieren servicios en el sector de transporte aéreo». La decisión se tomó luego de una exhaustiva investigación que incluyó el análisis de reclamos realizados por cientos de usuarios, los cuales dieron cuenta de un patrón de comportamiento perjudicial hacia los derechos de los pasajeros.
La imposición de multas viene en un contexto de creciente escrutinio sobre el sector aéreo, tanto a nivel local como internacional, motivado por un incremento en las quejas de los consumidores tras la pandemia de COVID-19. Las cancelaciones y postergaciones de vuelos, asociadas a ajustes empresariales y problemas operativos, derivaron en un aumento de fricciones entre las aerolíneas y sus clientes. Según datos oficiales, las denuncias contra la industria se duplicaron en los últimos tres años en Argentina.
Por su parte, las aerolíneas sancionadas han defendido sus posiciones y cuestionado la metodología utilizada para evaluar las supuestas faltas. Algunas de las compañías adelantaron que recurrirán la decisión ante la justicia, argumentando que cumplieron con las regulaciones vigentes y que los problemas registrados están asociados a factores externos, como la falta de infraestructura en aeropuertos o restricciones impuestas durante la pandemia.
Para los analistas del sector, esta acción regulatoria envía señales claras a las empresas sobre la relevancia de cumplir con altos estándares de atención al cliente y transparencia comercial. Sin embargo, también genera incertidumbre sobre el posible impacto de estas multas en los costos operativos y, potencialmente, en las tarifas aéreas en un mercado ya desafiante para los consumidores.
Con este antecedente, el gobierno argentino refuerza su postura como garante de los derechos del consumidor en un sector clave para la conectividad y el turismo. Resta por ver cómo evolucionarán las relaciones entre las aerolíneas y los entes reguladores a partir de esta contundente medida.
