Mineros peruanos solicitan extensión de plazo para evitar la ilegalidad
En una nueva señal de tensión en el sector minero peruano, los representantes de mineros informales del país han solicitado al gobierno la ampliación de un plazo clave para cumplir con las regulaciones de formalización. Según la información publicada en iEconomia.com, el pedido surge en el contexto de un vencimiento que se aproxima rápidamente, este 31 de diciembre, y que podría dejar a miles de trabajadores en una situación de ilegalidad.
El plazo en cuestión forma parte de un proceso gubernamental de formalización iniciado hace más de una década con el objetivo de regularizar las actividades extractivas y resolver problemas como la evasión fiscal y los daños ambientales. Sin embargo, los representantes de los mineros insisten en que la burocracia excesiva y las limitaciones económicas han hecho que la meta sea inalcanzable para muchos pequeños operadores. Hasta ahora, solo un pequeño porcentaje de los más de 100,000 mineros informales del país ha logrado completar el proceso.
Durante una reunión sostenida en la víspera con miembros del Ejecutivo, organizaciones mineras expresaron que sin una extensión del plazo, muchos trabajadores mineros perderían sus medios de vida y se generaría un impacto negativo en la economía local. Los líderes del sector argumentaron que las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 en los últimos años y los persistentes desafíos económicos han dificultado aún más la implementación efectiva de los pasos necesarios para regularizar las operaciones.
En Perú, la minería es un pilar fundamental para la economía nacional, contribuyendo con aproximadamente el 10% del PIB y más del 60% de las exportaciones totales del país. No obstante, entre el grueso de la industria formal se encuentra un sustancial contingente de mineros informales que operan en la sombra, exacerbando tensiones tanto en el ámbito político como económico. Paralelamente, el impacto ambiental asociado a las explotaciones no reguladas ha sido objeto de severas críticas por parte de organizaciones sociales y ambientalistas.
Por ahora, el gobierno de Dina Boluarte no ha emitido comentarios oficiales respecto a la posibilidad de extender el plazo, lo que incrementa la incertidumbre en torno al tema. La decisión que adopte el Ejecutivo podría tener repercusiones significativas no solo para los mineros, sino también para las comunidades dependientes de esta actividad y el conjunto de la economía peruana.
Analistas del sector advierten que la falta de soluciones podría derivar en un incremento de la minería ilegal, un problema que históricamente ha generado serios desafíos legales, económicos y ecológicos en Perú. A medida que se acerca el final del año, la presión sobre el gobierno se intensifica, y los actores implicados permanecen atentos a la evolución de las negociaciones.
