Las asociaciones bancarias AEB (Asociación Española de Banca) y CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro) han reiterado su oposición a la continuidad del impuesto especial sobre el sector bancario, una medida que afecta las cuentas financieras de sus asociados y podría tener repercusiones sobre la oferta crediticia en España. Estas patronales argumentan que la mantención del gravamen resulta contraproducente y no está justificada más allá de la coyuntura extraordinaria que inicialmente llevó a su creación. Esta acción se enmarca dentro de las políticas del Gobierno español para contener la inflación y financiar un conjunto de medidas sociales.
La puesta en marcha del impuesto, anunciada en 2022 y vigente desde el actual ejercicio 2023, grava temporalmente los beneficios extraordinarios que obtuvieron los bancos debido al incremento de los tipos de interés. Este tributo, que se cobra durante los ejercicios fiscales del 2023 y 2024, tiene como objetivo paliar los efectos inflacionarios derivados de la crisis económica global, exacerbada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, desde el sector reivindican que, de mantenerse, podría erosionar las arcas de las instituciones y restringir el crédito disponible para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y hogares, afectando negativamente la reactivación económica.
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank y destacado miembro de la CECA, señaló en una reciente comparecencia ante la prensa que el impuesto en cuestión no sólo afecta los márgenes financieros de los bancos, sino que envía una señal negativa para la atracción de inversiones en un momento en que las entidades financieras deberían ser clave en la promoción del crecimiento económico. Por su parte, José María Roldán, presidente de la AEB, afirmó que este gravamen no es sensato desde el punto de vista regulatorio, subrayando que los bancos ya están obligados a cumplir con estrictas normativas de solvencia y liquidez.
Pese a estas críticas, el Gobierno español ha defendido el impuesto como una medida temporal y extraordinaria, que tiene como objetivo repartir parte de los beneficios que han generado los bancos a raíz de la política monetaria expansiva de los últimos años. Fuentes gubernamentales destacaron que en el contexto actual de aumento de tasas, es razonable implementar mecanismos que permitan redistribuir parte de esos ingresos hacia la financiación de políticas sociales.
A mediano plazo, se espera que ambas patronales intensifiquen sus esfuerzos para negociar con el Ejecutivo y lograr la derogación del impuesto o que se limite su aplicación a la sostenida coyuntura actual, evitando una mayor afectación en la competitividad del sector bancario. El Gobierno, por su parte, no ha dado señales de que vaya a reconsiderar la reducción del tributo en el corto plazo, por lo que esta disputa continuará en la agenda económica de España a lo largo de 2023 y 2024.
