En un esfuerzo conjunto, los gobiernos de España, Francia e Italia han solicitado formalmente una moratoria en la implementación de medidas restrictivas para la gestión pesquera en el mar Mediterráneo, establecidas por la Unión Europea. Las naciones mediterráneas argumentan que estas imposiciones, aunque enfocadas en la sostenibilidad pesquera, podrían tener efectos devastadores sobre las economías locales y las comunidades pesqueras que dependen de esta industria.
La solicitud, realizada en el marco de la política pesquera común de la Unión Europea (UE), se centra en la suspensión de varias medidas incluidas en el «Plan plurianual para las pesquerías demersales en el Mediterráneo occidental» (MAP), aprobado en 2019 por la UE. Entre otras regulaciones, el MAP exige la reducción del esfuerzo pesquero, es decir, la cantidad de tiempo que los barcos pueden operar en el mar y el número de capturas permitidas. Estas disposiciones pretenden frenar la sobrepesca y garantizar la recuperación de especies en riesgo, pero representan una amenaza directa para el sostén económico de muchas familias.
Según los gobiernos de estos tres países, las condiciones establecidas en las normativas actuales no ofrecen suficiente margen de maniobra para balancear correctamente la protección de los recursos naturales con la viabilidad económica de los pescadores locales. Los mandatarios aseguran que, si las nuevas restricciones continúan sin modificaciones, se podrían perder miles de empleos en el sector pesquero, con especial afectación en las pequeñas comunidades costeras. No sólo se vería afectada una importante actividad económica relacionada con la pesca, sino también una serie de actividades industriales derivadas como la logística pesquera, los mercados y la distribución.
El mar Mediterráneo es una zona caliente en términos de biodiversidad marina, pero también enfrenta desafíos crecientes derivados de la sobrepesca y el impacto negativo de actividades humanas. A nivel regional, la flota pesquera en esta área ha experimentado una disminución constante en los últimos años, y varias especies están bajo presión por la explotación excesiva. No obstante, España, Francia e Italia consideran que las medidas adoptadas deberían ser más graduales y tomar en cuenta las implicaciones sociales y económicas de manera más equitativa.
Por su parte, organismos medioambientales de la UE y defensores de la protección pesquera argumentan que cualquier tentativa de posponer las medidas podría agravar aún más la crisis ecológica que enfrenta el Mediterráneo. El debate entre sostenibilidad y salvaguarda de los empleos se intensifica mientras se espera la decisión final de la Comisión Europea.
Por ahora, los tres países han solicitado que las normativas que afectan la pesca demersal se revisen y revalúen con datos actualizados, permitiendo un enfoque mixto que proteja tanto a las especies marinas como a los medios de vida de las comunidades pesqueras locales.
